«No apareciendo, por tanto, que fuese el acusado quién alteró
los programas contenidos en el sistema informático de dicha
Universidad, no cabe llegar a otro pronunciamiento que el de
su libre absolución». Así termina la sentencia del juez Juan
Carlos Llavona Calderón y un capítulo de la historia del
«hacking» español, que llevó al banquillo, el pasado 26 de
marzo, al principal inculpado, alias JFS, 22 años, administrador
de sistemas informáticos y miembro del grupo !Hispahack (!H).
El llamado «Caso Hispahack» estalló a primeros de abril de 1998,
cuando el grupo de Delitos Informáticos de la Guardia Civil
detuvo, acusadas de revelación de secretos y daños informáticos,
a cuatro personas apodadas STK, Magne, JFS y JR. Finalmente,
la presión judicial se concretó en JFS, para quien el fiscal
pedía una pena de dos años de prisión y multa de dieciocho
meses, por «un acceso no autorizado a través de Internet» a
ordenadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
el 11 de septiembre de 1997. Se descubrió que el intruso tenía
privilegios de administrador en dieciseis máquinas, cinco de
las cuales tenían instalado un programa sabueso para cazar
datos que, aquel 11 de septiembre, el visitante recogió y
transfirió a un ordenador de Palma de Mallorca.
Aunque el juez considera estos hechos como probados y, por
tanto, no da validez a las reclamaciones del abogado de la
defensa, Carlos Sánchez Almeida, sobre nulidad de las pruebas,
inexistencia de delito o descriminalización de Internet, sí
admite que «tales sospechas no alcanzan la categoría de indicios
bastantes como para desvirtuar totalmente la presunción de
inocencia» de JFS. Según la sentencia, no queda probada la
identidad del misterioso intruso, se pierde su rastro y, en el
ordenador de Mallorca, dice el juez «el acceso se hallaba al
alcance de cualquiera que lo hiciese a través del usuario
«Hispahack»». Igualmente, recuerda que, según los péritos, «no
se hallaba ningún fichero de password (sic) de la UPC» en los
ordenadores de JFS.
A pesar del alivio del abogado defensor, quien asegura «el caso
!Hispahack ha sido la piedra de toque de la libertad de expresión
en Internet en este país. Afortunadamente para el sistema de
libertades, el sistema judicial funciona»; la sentencia se
muestra firme en algunos puntos que interesarán a la comunidad
informática, como la no necesidad de una denuncia previa a la
investigación en casos de daños, la afirmación del derecho de
las fuerzas de seguridad a obtener datos sobre usuarios de
proveedores de acceso sin autorización judicial o la respuesta
del juez a las insinuaciones de la defensa de que el «hack
blanco» no debería estar penado: «(Son) conductas que, en
cuanto suponen de agresión contra el interés del titular de
un determinado sistema de que la información que en él se
contiene no sea interceptada, resultan tanto más reprobables,
y aún merecedoras de sanción penal».
Más información:
Hispahack
Bufet Almeida (abogado de la defensa)
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