Durante todo el día se han sucedido las noticias en los
distintos medios de comunicación sobre la detención,
por parte de la Guardia Civil, de decenas de personas
supuestamente vinculadas a una red que utilizaba líneas
900 gratuitas de forma fraudulenta para conectarse a
Internet. Si bien es cierto que la utilización de
líneas 900 para conectar a Internet, cargando el coste
a terceras empresas, es un hecho conocido desde hace
años, son muchos los que opinan que estas detenciones,
y su difusión, tiene más que ver con una operación de
imagen para dotar de mayor atención a la IV Jornada
sobre Delitos Cibernéticos que se celebraba este mismo
día.
Según datos proporcionados por la Guardia Civil, la
operación «Millenium» se inició a principios de año, y
tiene su origen en la detención de una persona por
comprar con una tarjeta de crédito ajena. A raíz de
este hecho, y gracias a la información proporcionada
por el detenido, arranca la operación con el fin de
desmantelar al grupo «COM 30», quienes supuestamente
facilitaban los números de tarjetas de crédito, de
líneas 900 para conectar a Internet, y se dedicaban
también a la clonación de tarjetas de móviles.
Las investigaciones por parte del Grupo de Delitos de
Alta Tecnología de la Guardia Civil apuntan a que este
grupo estaba dirigido por dos personas, conocidas con
los nicks de «_X_» y «Danko», que fueron localizadas
en Alicante y Córdoba.
Entre las empresas afectadas por el uso de sus líneas
900 para conectarse a Internet se encuentran Microsoft,
Novartis y Toshiba, que presuntamente han podido
interponer denuncia y/o colaborar en el seguimiento de
las llamadas a dichas líneas. A partir de los datos
obtenidos de estos seguimientos, la Guardia Civil ha
dibujado una compleja red de estafadores que recorre
16 provincias españolas y a la que pertenecerían más
de 50 acusados, pudiendo llegar a superar la centena,
ya que aun no se ha dado por terminada la operación
bautizada por la Guardia Civil como «el descubrimiento
de una de las redes más importantes de las que
pretendía defraudar dentro del sector de las nuevas
tecnologías».
HispaSec ha podido contactar con algunos de los
acusados de utilizar las líneas 900 de forma
fraudulenta para conectar a Internet, quienes eran
detenidos a primera hora de la mañana del día 18
para prestar declaración. Entre las cuestiones
planteadas han surgido el nombre del grupo «COM 30»
y un tercer nick, ademásde los dos citados
anteriormente. Así mismo, hemos podido constatar que
los números 900 motivos de la investigación estaban
al alcance en diversos foros, sin necesidad de
pertenecer a un grupo determinado para acceder a
ellos. Parece claro que no existía un grupo
organizado tan voluminoso y que este y otros aspectos
sobre la operación se han podido sobredimensionar
en los diferentes comunicados.
Para muchos es, cuanto menos, sospechoso que la
noticia se de a conocer durante las Jornadas sobre
Delitos Cibernéticos, y prefieren hablar de
operación de imagen. Este es el caso del abogado
Carlos Sánchez Almeida, abogado defensor de gran
parte de los detenidos, quién nos ha declarado:
«Todos mis defendidos han negado los hechos que se
les imputan. Se trata de una operación de imagen,
orquestada para dar mayor relieve a la Jornada
sobre Delitos Cibernéticos a la que han acudido dos
ministros y el director general de Microsoft
Ibérica, parte implicada en el caso. Ninguna
crítica he de hacer a las fuerzas de seguridad
implicadas, que me consta han actuado con total
corrección en el cumplimiento de su deber. Debo
denunciar, sin embargo, la utilización de los
derechos de las personas como arma electoral: no
es lícito organizar una redada para conseguir
votos, máxime cuando el delito que se imputa a los
detenidos sólo lleva aparejada multa.»
En definitiva, la utilización de líneas 900 ajenas,
cargando el coste a las empresas propietarias, es un
hecho bien conocido y cuyo origen se remonta años
atrás. No se ha descubierto nada nuevo en este campo.
Así mismo, las empresas propietarias de estas líneas
son claramente perjudicadas por este tipo de acciones,
al tener que soportar el coste de las llamadas, y
tienen todo el derecho a interponer denuncias para
salvarguardar sus intereses. En cualquier caso, y en
última instancia, será la justicia la que deba poner
punto y final a «Millenium».
Más información:
IT|NEWS
iBrujula
El Pais
El Mundo
bernardo@hispasec.com
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