Criptografía y democracia en la era digital

La intimidad es un derecho constitucional del individuo (art. 18,
apartados 3 y 4), que como consecuencia de la progresiva implantación
de los sistemas de telecomunicación electrónicos, resulta
crecientemente amenazada. Todos los internautas poseen e intercambian
información confidencial que desean permanezca como tal. Desde los
números de tarjeta de crédito utilizados en las transacciones
comerciales, hasta los mensajes enviados a un amigo que no se quiere
sean leídos por nadie más. Cada individuo cuenta con sus propias
razones para desear conservar en privado la información almacenada en
su ordenador.
Ahora bien, ¿de qué herramientas puede valerse el internauta para
proteger sus datos de ojos indiscretos? Precisamente, la criptografía
viene en ayuda del internauta y del ciudadano en general para ofrecer
los mecanismos de protección de la información necesarios. La
criptografía se presenta así como esa delgada barrera que vela por la
conservación de la privacidad en las comunicaciones, sean éstas para
transmitir datos bancarios o simplemente felicitaciones a la abuela
por su cumpleaños. En la nueva Sociedad de la Información, no puede
entenderse una democracia sin garantía de privacidad.

Sin embargo, esta lógica aspiración de los ciudadanos a comunicarse
libremente con quien quieran sin que nadie interponga sus hocicos
husmeadores, parece chocar de frente con los planes de seguridad
nacional de los Estados, que contemplan la criptografía más como
amenaza terrible en manos de terroristas y narcotraficantes que como
instrumento garante de la intimidad de los ciudadanos. Surge aquí una
situación en la que entran en conflicto los intereses del ciudadano y
del Estado.

Un guante sirve para proteger las manos del frío o de arañazos cuando
se trabaja en el jardín o para proteger a un paciente de gérmenes y
bacterias cuando se le está operando. Existen guantes de todas las
formas, materiales y tamaños. Pero todos poseen un rasgo en común:
proteger las manos. Precisamente esta característica impulsa a los
ladrones y criminales a ponérselos cuando realizan sus fechorías, con
el fin de no dejar sus huellas dactilares como evidencia. ¿Y si el
Estado decidiera prohibir los guantes por temor a que un criminal los
utilice? Cualquier persona con un guante en su poder sería
encarcelado. Si la aprobación de esta medida se antojase inaceptable
a la opinión pública, imagine entonces que en su lugar, en vez de
prohibir los guantes, se obligase a pegar en todos ellos una copia de
plástico de la huella dactilar del propietario. De esa forma, si un
individuo los utilizara al perpetrar sus crímenes, estaría dejando
sus huellas.

Así presenta Ron Rivest, uno de los criptógrafos más sobresalientes
de nuestros días, el dilema que agita la conciencia de muchos
gobiernos, especialmente tras el terrible atentado del pasado 11 de
septiembre. Se ha reabierto la polémica de si prohibir por completo
la criptografía, cuya misión es proteger la información, o recurrir a
mecanismos tan estúpidos como el equivalente a imprimir huellas
dactilares sobre los guantes.

¿Es el cifrado de la información un bien para los ciudadanos, en la
medida en que les proporciona privacidad en sus comunicaciones
digitales, o una amenaza para la sociedad, al permitir también a
terroristas y mafiosos comunicarse en secreto y burlar las líneas
pinchadas por la policía? La libertad de cifrar facilitaría que
todos, incluidos los criminales, enviasen correos seguros y
utilizasen Internet de forma confidencial. Prohibir o restringir el
uso de la criptografía impediría, en principio, que los criminales
burlasen las escuchas policiales, pero también permitiría que la
policía, y en realidad cualquiera, espiase las comunicaciones de los
ciudadanos.

Mientras una facción aboga por la libertad de cifrado y otra, por las
restricciones criptográficas, un tercer grupo propone soluciones de
compromiso, como el almacenamiento centralizado de una copia de las
claves de los usuarios. ¿Se imagina al Ministerio de Interior
guardando una copia de la llave de su casa? ¿Qué ocurre si alguien
roba esas llaves? ¿O si un empleado corrupto las copia a su vez y las
vende al mejor postor?

Evidentemente, los criminales seguirán haciendo uso de la
criptografía, pero sin entregar las claves al Gobierno, mientras que
el ciudadano de a pie, pobre de él, las depositará sin rechistar,
exponiendo su privacidad a todo tipo de ataques. Mientras los
políticos polemizan, no dude en utilizar la criptografía. Quién sabe.
Mañana puede ser un criminal por llevar un guante en la mano.

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Información adicional:
http://www.hispasec.com/unaaldia.asp?id=1080