La privacidad en la Sociedad de la Información

Con la irrupción del nuevo paradigma de la Sociedad de la Información,
a la que España se suma tímidamente, la circulación de la información
alcanza cotas inimaginables hace tan sólo unos años. Cada día más
aspectos y actividades de la vida cotidiana tienen su reflejo y su
réplica en mundos virtuales.
Ya no es necesario presentarse en Hacienda ni en el banco más próximo
para entregar la Declaración de la Renta, se pueden completar
transacciones bancarias por teléfono o por Internet, resulta posible
comprar cómodamente acciones, películas, coches, cualquier cosa que
se pueda imaginar, pulsando un par de veces el ratón, los empleados
leen el periódico digital desde sus puestos de trabajo, se baraja ya
la posibilidad de votar por Internet en los próximos comicios, se
pueden seguir los Sanfermines en línea, en definitiva, Internet está
pasando a formar parte del día a día, como la televisión o el café de
las doce, y con el tiempo serán más las parcelas del quehacer diario
que se trasladarán a este novedoso medio.

A poco que se examinen los ejemplos citados, uno comprende que en la
mayoría de los casos se trata de actividades que están vinculadas
directamente con la privacidad de los ciudadanos, por referirse
fundamentalmente a la esfera económica/financiera. El derecho a la
intimidad y la privacidad, recogido en nuestra Constitución y
protegido por ella, se vuelve, si acaso, aún más necesario y merecedor
de amparo cuando la tecnología posibilita formas de comunicación
universales, que en el caso de Internet y del teléfono, y mientras no
se adopten medidas preventivas, son extremadamente sencillas de atacar
y vulnerar. La criptografía se erige así en esa delgada barrera que
vela por la conservación de la privacidad en las comunicaciones, sean
éstas para transmitir datos bancarios o simplemente felicitaciones a
la abuela por su cumpleaños. En la nueva Sociedad de la Información,
no puede entenderse una democracia sin garantía de privacidad.

Sin embargo, esta lógica aspiración de los ciudadanos a comunicarse
libremente con quien quieran sin que nadie interponga sus hocicos
husmeadores, parece chocar de frente con los planes de seguridad
nacional de los estados, que contemplan la criptografía más como
amenaza terrible en manos de terroristas y narcotraficantes que como
instrumento garante de la intimidad de los ciudadanos. Nos encontramos
ante una situación en la que entran en conflicto los intereses del
ciudadano y del Estado.

Si el ciudadano transige y pasivamente se deja hacer en materia
criptográfica, dejando primar sobre sus propios derechos las
aspiraciones parlamentarias de control absoluto sobre las
comunicaciones, puede darse cuenta demasiado tarde de que vive en un
estado policial. Nuestros perros guardianes parecen más interesados en
repartir dentelladas a todo el que se acerque a la cerca que en
discernir propios de ajenos. Los turbios manejos de los países
comunitarios en materia de intervención de las comunicaciones, de los
que España también participa, más se asemejan a ficción orwelliana que
a resolución de una Europa democrática.

ENFOPOL pretende desplegar una gigantesca red de escucha y vigilancia
por la Unión Europea, para intervenir sin mandato judicial todo tipo
de comunicaciones privadas, ya sean telefónicas o por Internet. La
criptografía no saldrá mejor parada si ENFOPOL prospera, ya que se
exige la existencia de puertas traseras y de información
complementaria para descifrar documentos cifrados usando criptografía
fuerte. Al día de hoy, ENFOPOL se encuentra sumido en el secretismo
más absoluto y su falta de transparencia hacen imaginar que sus
acciones rozan la ilegalidad, si es que no cruzan abiertamente al otro
lado.

El dilema ético que se nos plantea consiste pues en dónde trazar la
sutil frontera entre la seguridad nacional y la infracción de los
derechos del individuo. ¿Estado policial o Estado seguro? ¿Sacrificio
de nuestra privacidad en aras de un bien mayor o cámara de vigilancia
electrónica de todos los ciudadanos? Estos son algunos de los
interrogantes que plantea ENFOPOL y a los que en una democracia
deberíamos buscar respuesta todos, no sólo una oscura comisión de la
que el ciudadano no conoce ni su existencia.