El parlamento de Japón aprobó la semana pasada una polémica ley
que da derecho a los policías a interceptar las comunicaciones,
como pueden ser las llamadas telefónicas o los emails en Internet.
La justificación se enmarca dentro de las necesidades que los agentes
tienen para perseguir al crimen organizado.
En realidad se aprobaron tres leyes que tenían como fin la lucha
contra el crimen organizado pero, como era de esperar, la polémica
saltó en la que daba carta blanca a la interceptación de las
comunicaciones.
El gobierno insiste en que esta medida ayudará a los agentes, y que
sólo será utilizada en los casos en los que se vean implicados asuntos
de drogas, armas, asesinatos y en la entrada de grupos organizados a
Japón.
Sin embargo, las explicaciones del gobierno no terminan de convencer
a la gran masa social, que ve con miedo la posibilidad de que esta
ley dañe los derechos más básicos sobre privacidad e intimidad. A
fin de cuentas, se supone que los grupos organizados utilizaran
sistemas criptográficos fuera del alcance del gobierno, con lo que
para muchos los argumentos esgrimidos son sólo una mala justificación
de cara al control de las comunicaciones del ciudadano.
Mientras tanto, en Australia, Internet también se encuentra en el ojo
del huracán de la clase política. En esta ocasión, dentro de la
normativa que rige los servicios de difusión, se está intentando
implantar la censura en cuanto a los contenidos accesibles en la Red.
En principio, se quiere hacer hincapié en el material pornográfico y
el clasificado de alto riesgo, como puede ser la construcción de bombas.
El gobierno se escuda en que las medidas han sido fruto de la petición
popular, donde los padres han ejercido mucha presión preocupados por
los contenidos nocivos que sus hijos pueden encontrar en la Red.
De nuevo todo parece indicar que el perjudicado será el ciudadano de
a pie, ya que las medidas a tomar no impedirán a las personas con los
medios o conocimientos necesarios saltarse este tipo de censuras y
seguir accediendo a todos los contenidos. Por otro lado, ya existe
en el mercado software de control parental, destinado a restringir
contenidos clasificados a los más pequeños, por lo que de nuevo
la argumentación del gobierno parece estar fuera de lugar.
Más información:
South China Morning Post
News Australian
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