Inglaterra se siente con derecho a espiar

Londres respondió a las críticas europeas con una carta en la que si
bien niega su implicación en el caso Echelon asegura tener la
legislación de su parte para la realización de ese tipo de espionaje.
En una carta remitida por Londres a sus socios europeos como
contestación a la denuncia realizada por parte de la comisión europea
el pasado mes de febrero, después de salir a la luz la posible
colaboración por parte de los británicos con la red ECHELON,
Inglaterra manifiesta no haber realizado ninguna escucha aunque se
siente con todo el derecho a realizar tareas de espionaje sobre el
resto de Europa. Como ya hemos informado anteriormente Echelon tenía
la finalidad de espiar empresas pertenecientes a países de la Unión
Europea y favorecer a terceros países pertenecientes a la mencionada
red de espionaje.

El Gobierno Británico se ampara en una ley del año 1985 por la cual
faculta a sus servicios secretos para poder interceptar todo tipos de
comunicaciones para salvaguardar la seguridad nacional y hacer
prevalecer el bienestar económico entre sus ciudadanos. Esta carta ha
causado un gran revuelo entre instancias comunitarias ya que es una
reafirmación a lo sospechado en el mes de febrero cuando se cursó la
protesta contra el Gobierno de Gran Bretaña, «¿tenemos al enemigo en
casa?».

Para calmar las aguas, en la carta Londres niega toda implicación en
la red de escuchas ilegal, y de haber cooperado con los Estados Unidos
en ello. Si bien, afirma que por su legislación está autorizada a
llevar a cabo dichas acciones. Lo cual no ha llegado a tranquilizar a
los países comunitarios, si bien los diferentes gobiernos no se
deciden a tomar acciones debido a la ausencia de denuncias de empresas
afectadas.

Durante el transcurso del consejo de Ministros europeos celebrado
recientemente , fue contundente la alocución realizada por parte del
ministro portugués Fernando Gomes, que se refirió a este tema de forma
tajante, «No se puede aceptar que exista un sistema de interceptación
que no respete las normas jurídicas de los países miembros y que viole
principios fundamentales de tutela de la dignidad humana».

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Diario Clarín