Programas y conductas propias del más puro hack se criminalizan con la
nueva legislación.
Después de tres años de trabajo realizado con bastante secreto, se ha
hecho público por el Consejo de Europa, a finales del mes de abril, un
borrador para un primer Tratado Internacional sobre el delito
informático, tratado que pretende aglutinar a mas de 40 países, y que
otorgará mayores poderes a las policías de los estados firmantes para
la persecución e investigación de tales delitos.
Destaca, en el borrador del tratado la prohibición, o mejor dicho,
criminalización de conductas como:
1) Bajar desde una web, también publicar en ella, o enviar por correo,
cualquier programa “diseñado o adaptado para obtener acceso a un
sistema informático” o que “interfiera las funciones del sistema”.
2) El tratado permite a las autoridades el obligar al ciudadano a
revelar sus passwords y/o acceder información cifrada. La pregunta es
evidente: ¿puede esta actitud ir contra el derecho, que todo ciudadano
tiene, a no declararse culpable?. En el ordenamiento español sigue
vigente, por ahora, el art. 520 de la Ley se Enjuiciamiento Criminal,
es decir, el derecho a no declararse culpable, a no declarar contra sí
mismo, y en definitiva el derecho a no declarar nada de nada si así se
estima conveniente.
3) Si desde hace tiempo es ya difícil encontrar algún remailer
verdaderamente anónimo, ahora ya será casi imposible -al menos dentro
de la legalidad-, aunque el nombre lo conserven muchos de ellos, ya
que se van a limitar los mismos y se obligará por ley a los ISP -o
PSI- , (no ya por mandamiento judicial), a guardar información sobre
sus usuarios. No sólo eso, si no que los estados podrán acceder a
dicha información de los Proveedores de Servicios, (Reino Unido ya ha
dado un gran paso en esta materia, recientemente).
Y aún más, se permitirá incluso el acceso a dichos proveedores por
parte de estados extranjeros en el curso de sus investigaciones. Así
vemos un ejemplo más de cómo Internet cambia el viejo concepto de
soberanía y jurisdicción nacional, pero tal vez tenga implicaciones
graves en la protección de datos personales, ya que no todos los
países van a tener los mismos niveles de seguridad. De hecho en España
la Agencia de Protección de datos no permite el tráfico de
determinados datos con determinados países no considerados seguros,
¿qué ocurrirá si alguno de ellos firma el tratado y por tanto tuviera
acceso a determinados ISPs?.
4) Se pretende dotar a la policía de una nueva herramienta legal con
la que hacer frente a los ataques y delitos transnacionales, delitos
que hasta el día de hoy son de difícil persecución, entre otras cosas,
por la falta de armonización de las diferentes legislaciones
implicadas.
5) El tratado también incluye un procedimiento para la extradición, y
el establecimiento de grupos de apoyo entre las policías de los
estados firmantes.
El borrador del tratado que se viene elaborando desde el 97, se hace
público ahora, recordemos que un tratado es norma internacional, que
una vez firmada y ratificada se convierte en derecho interno y por
tanto aplicable a los ciudadanos. Dicho tratado internacional viene
auspiciado por el mismísimo Consejo de Europa, (no es la Unión
Europea, si no que es un organismo internacional mucho más amplio,
incluye a más de 40 países, y no sólo de la Unión Europea), y viene
avalado también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así
pues, el tratado, una vez terminado firmado y ratificado afectará a la
mayoría de la población mundial, así los 41 miembros del Consejo de
Europa (Rusia incluida desde 1996), y USA, Canadá, Australia, Japón, y
Sudáfrica. Además de los estados que deseen adherirse posteriormente
al tratado, que serán, por una u otra razón, bastante numerosos.
En Europa todavía no han sido muchas las voces en contra de tal norma,
no así en Estados Unidos; el problema para muchas de las organizaciones
pro-derechos civiles, de ese país, está en que el texto del tratado,
tal cual está actualmente, puede violar, y para algunos de hecho viola,
los derechos sobre privacidad de los ciudadanos. Se piensa que se está
dando a los gobiernos demasiado poder, bajo la excusa de evitar el
delito.
Así Dave Banisar de “The Electronic Pryvaci Papers”, dice que lo que
se pretende es “lavar la cara de la policía americana a través del
respaldo de organizaciones internacionales”, para Dave Banisar el
tratado podría prohibir herramientas como “crack o nmap” que se
incluyen en algunas distribuciones Linux, y “las empresas podrían
criminalizar a la gente que revela agujeros sobre sus productos”. (De
su articulo “Illegal Devices”).
En la misma línea se manifiestan personas como Barry Steinhardt , de
la American Civil Liberties Union, que dice en declaraciones a la
revista Wired: “se está interfiriendo con el derecho a hablar de forma
anónima en Internet”, o personas del Instituto Cato, que rompen una
lanza en favor de los hackers (usando el término en su vertiente
positiva), ya que con este tratado en la mano se podría prohibir a los
“hackers” estudiar y probar sobre su seguridad y velar por la de los
demás.
En el lado opuesto se presentan determinados grupos de la Casa Blanca,
del Departamento de Jusiticia, FBI y Servicios Secretos, que abogan
por la restricción del anonimato en Internet. Así la misma fiscal
general Janet Reno (famosa también por su reciente decisión sobre el
caso Elian), manifestaba ante el Senado ” …el daño que alguien puede
realizar sentado al otro lado del planeta es inmenso. Tenemos derecho
a perseguirle, y sobre ello hemos progresado con nuestros colegas del
G-8 y del Consejo de Europa”, estás eran palabras, publicadas también
en la revista Wired, en relación a los últimos ataques DoS, del pasado
febrero. Y parece que van tomando cuerpo.
Para finales de este año 2000 está prevista la finalización de dicho
tratado, una vez finalizado por el Consejo de Europa se remitirá a los
países para su firma, si procediera.
Texto del Tratado completo ( en inglés):
http://conventions.coe.int/treaty/en/projets/cybercrime.htm
Más Información:
politechbot.com
Consejo de Europa
American Civil Liberties Union
Instituto Cato
Electronic Privacy Information Center
Manifestaciones del articulo “Cybercrime Solution Has Bugs”
Hispasec
evalle@hispasec.com
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